Tras las críticas de compañeros de profesión y la campaña de desprestigio iniciada contra el ex director de El Mundo, David Jiménez, por haber levantado el tabú sobre la prensa, el periodismo español debería reflexionar. Sí, El Director es un ataque sin escrúpulos al statu quo mediático pero también una llamada a la acción, no sólo hacia los propios periodistas sino también hacia la ciudadanía. Lea aquí la primera parte de este artículo.
El director del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, Rasmus Klies Nielsen, asegura que los medios de comunicación han operado, a lo largo de su historia, bajo tres premisas: ganar dinero, ofrecer un servicio público y obtener influencia y poder. La primera es cada vez más complicada de conseguir, tras la crisis económica y el proceso de transformación digital, mientras que la segunda queda relegada incluso entre aquellos medios de gestión puramente públicos.
¿Cuál es entonces el gran activo para los editores de medios? Utilizar sus altavoces mediáticos para expandir unas ideas condicionadas por criterios personalistas, economicistas y políticos. Que se lo digan a Rupert Murdoch y su obsesión por las conquistas territoriales, de acuerdo con el magnífico reportaje de investigación sobre su familia publicado recientemente por The New York Times. En España, es evidente que tanto las administraciones públicas como las empresas del IBEX-35 defienden sus intereses, no los de la ciudadanía en general.
El reportaje de The New York Times demuestra la relación intensa entre Murdoch y el poder.
Se podría argumentar que, en realidad, los medios han perdido su capacidad de influencia en favor de las redes sociales. Pero ni mucho menos la han lanzado completamente por la borda, tal como argumenta el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín. La televisión, por ejemplo, todavía sigue ejerciendo un papel clave en la formación de la opinión pública, con programas de thriller político al más puro estilo de El ala oeste de la casa blanca.
Hay que decirlo bien alto y bien claro: los poderes fácticos de este país han aprovechado la crisis económica y publicitaria de los medios en los últimos años para poner en marcha la gran captura, parafraseando al periodista Pere Rusiñol. ¿Cómo va a informar El País sobre los acontecimientos de Oriente Próximo si en su consejo de administración tienen un peso importante fondos de inversión de Qatar y hasta del banco público del país? ¿Cómo va a informar El Mundo sobre El Corte Inglés cuando es esta empresa la que más inversión publicitaria realiza?
El caso de los medios catalanes
La captura mediática por parte de los poderes fácticos en España no dista mucho de lo sucedido en Catalunya. Sin entrar a cuestionar las subvenciones debidamente regladas, la Generalitat ejerce una influencia excesiva en las cuentas de explotación de muchos medios, especialmente, los digitales, a través de la publicidad institucional. Así lo indica un estudio sobre la financiación pública de los medios de comunicación en Catalunya, elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en colaboración con la Oficina Antifrau.
La investigación revela, por ejemplo, que el semanario La República recibió de las arcas públicas un 65% de sus ingresos totales, durante los años 2016 y 2017. La cifra de Naciodigital se situaba en el 60%; de El Món, en el 34%; de E-notícies, en el 32%; de Lleida Televisió, en el 32%; de El Nacional, en el 30%; de Vilaweb, en el 27%; de El Periódico, en el 26%, de El Punt Avui, en el 21%, o de L’Ara, en el 19%. Valoren ustedes los porcentajes pero ¿Qué harían si tuvieran en sus manos una exclusiva crítica con el gobierno? ¿La publicarían aún corriendo el riesgo de reducir o perder una parte clave de los ingresos anuales?
El gobierno de la Generalitat reunido, al más puro estilo de un consejo de redacción.
El dilema tramposo es ese: si publico cumplo con una función pública esencial del periodismo pero puedo poner en riesgo la viabilidad económica de mi proyecto. Para evitar esa trampa sólo queda un camino, que los ingresos provengan, principalmente, de los lectores. Mejor depender de miles de personas que aportan una pequeña cantidad económica que no de unos pocos que abren y cierran el grifo de la financiación en función de sus intereses particulares.
Los editores de medios de este país son conscientes de la situación. La credibilidad, depende de una independencia periodística y editorial real. Por eso, grandes periódicos como La Vanguardia, El Mundo o El País operan ya para implantar muros de pago flexibles para sus ediciones web. Han aceptado, por fin, que se acabó la época del compadreo con los poderosos, que es necesario mirar a la cara al lector, pedirle disculpas por los pecados cometidos y situarlo en el centro de su negocio.
Pero ojo, que no se engañen esos editores. Un medio de comunicación no puede ni debe, hoy en día, obtener unos beneficios económicos propios de otros sectores como la banca o las eléctricas. La lógica es radicalmente diferente, tal y como reconoce el ex director de ABC, José Antonio Zarzalejos, en el libro Periodismo herido busca cicatriz, de Javier Mayoral (2018: 198-199): “el planteamiento de un medio como un negocio es un error de base porque no permite sostener los valores que se atribuyen al periodismo en una sociedad democrática”. Dichos valores son la transmisión de conocimiento, de una información veraz y crítica y de una cultura y valores cívicos.